Exasesora jurídica municipal demanda al alcalde de Canela por vulneración de derechos fundamentales

La abogada Kallina Espinoza Ossandón, quien se desempeñó como directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Canela desde diciembre de 2024, presentó una demanda por vulneración de derechos fundamentales, acoso laboral y daño moral en contra del municipio y su representante legal, el alcalde Waldo Contreras Cortés.

La acción judicial —ingresada ante el Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos— detalla una extensa lista de episodios que, según la demandante, configuraron un “ambiente hostil, humillante y de aislamiento laboral”, presuntamente protagonizados por el administrador municipal, el jefe de gabinete y la directora de Control Interno. Espinoza sostiene que estas situaciones derivaron en una licencia médica psiquiátrica vigente desde agosto de 2025.

Acusaciones de acoso, exclusión laboral y uso indebido de IA

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En el escrito, la exdirectora afirma haber sido excluida de decisiones importantes, ignorada en revisiones de actos administrativos y objeto de burlas y hostigamientos. Uno de los puntos llamativos es la denuncia de que el administrador municipal habría emitido informes jurídicos utilizando ChatGPT, contratado “exclusivamente para su uso”, dejando sin efecto o ignorando los informes legales emitidos por la propia Dirección Jurídica.

Espinoza también acusa que el equipo directivo habría intentado provocarla a renunciar, además de cuestionar su relación con una funcionaria supuestamente vinculada a un sector político contrario al del alcalde.

Hechos que habrían desencadenado la crisis

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La demanda menciona además que hubo burlas y planificación de dejarla sin transporte para asistir a audiencias judiciales, pese a ser parte de sus obligaciones; intervenciones políticas en decisiones administrativas, como concursos públicos y cambios de nombre de establecimientos educacionales, en los que sus pronunciamientos legales habrían sido ignorados; episodios de gritos, descalificaciones y aislamiento, incluso en reuniones oficiales fuera de la comuna; y críticas públicas hacia su desempeño profesional en sesiones del concejo municipal, pese a que —según ella— sus informes habían sido reemplazados por otros elaborados por el administrador.

Lo que solicita la demandante

Kallina Espinoza pide al tribunal que se declare la existencia de vulneración de derechos fundamentales durante la relación laboral, que se condene al municipio al pago de una indemnización por daño moral y que se adopten medidas para evitar la repetición de estas prácticas.