Municipalidad de Canela enfrenta múltiples demandas laborales y recursos de protección en el primer año de gestión del alcalde Waldo Contreras

Ocho acciones judiciales en materia laboral (cinco de carácter público) y tres recursos de protección marcan el escenario judicial que involucra al municipio durante el actual período alcaldicio.

La Municipalidad de Canela enfrenta durante su primer año de administración una serie de procesos judiciales en el ámbito laboral, según consta en registros de causas de acceso público en tribunales de justicia.

De acuerdo con estos antecedentes, en el año 2025 se presentaron cinco demandas laborales públicas interpuestas contra el municipio, en las que se solicitan indemnizaciones cuyos montos individuales fluctúan entre $16 millones y $102 millones de pesos. En conjunto, estas acciones judiciales suman más de $249 millones de pesos, cifra que podría aumentar con reajustes, intereses y costas judiciales, dependiendo de lo que determinen los tribunales.

A estas causas se agregan otras tres demandas laborales de carácter privado, cuyos montos solicitados no son de conocimiento público debido a la naturaleza reservada de su tramitación. El volumen de litigios en tan corto tiempo ha generado cuestionamientos respecto de los criterios técnicos, jurídicos y administrativos con los que se han adoptado las decisiones al interior del municipio.

Recursos de protección ante la Corte de Apelaciones

Paralelamente, entre las acciones judiciales más recientes que involucran al municipio se encuentran tres recursos de protección actualmente tramitados en la Corte de Apelaciones de La Serena.

Estas acciones constitucionales se originan tras la decisión de dejar sin efecto el nombramiento de cinco funcionarios en diciembre recién pasado, quienes habían accedido a la planta municipal a través de un concurso público que nombro a 14 personas el año 2024. Según lo expuesto en tribunales, esta medida no habría afectado a la totalidad del proceso, sino que solo a determinadas personas, lo que ha sido interpretado por los recurrentes como una actuación arbitraria. Estas decisiones dieron origen a tres recursos de protección que se tramitan en la Corte de Apelaciones de La Serena.

Las personas afectadas sostienen que se vulneraron garantías constitucionales, principalmente las del artículo 19 N° 2 y N° 3 de la Constitución, referidas a igualdad ante la ley e igual protección jurídica.

Procesos en curso

Todas estas acciones se encuentran en distintas etapas procesales y deberán ser resueltas por los tribunales competentes. Hasta que exista sentencia firme, las materias descritas forman parte de controversias judiciales en tramitación.

Desde el municipio podrán presentar sus descargos dentro de los procesos correspondientes, conforme al derecho a defensa que contempla el ordenamiento jurídico, sin embargo, la acumulación de demandas y acciones constitucionales en el primer año de gestión instala dudas sobre la solidez de los procedimientos internos y la correcta aplicación de normas básicas del derecho administrativo y laboral.

Especialistas en gestión pública suelen advertir que decisiones como la invalidación parcial de concursos o desvinculaciones mal fundamentadas no solo exponen a los municipios a millonarias indemnizaciones, sino que también reflejan debilidades en la planificación, revisión jurídica previa y conducción administrativa.